La alta velocidad francesa no solo permitirá viajar a partir del 2 de julio desde Irun/Hendaia hasta París en cuatro horas y media, sino que incrementará las frecuencias de los trenes que llegarán hasta la muga desde la estación de Burdeos, en plena transformación para adaptarse a los nuevos tráficos ferroviarios que la atravesarán. La consejera vasca de Infraestructuras aprovechó la reunión entre los máximos mandatarios de la Eurorregión en la capital de Nueva Aquitania para desarrollar su propia agenda y buscar compromisos concretos para la integración del servicio ferroviario vasco con el de Iparralde.

Una de las mejoras en la integración ferroviaria del eje atlántico que la CAV comparte con la región francesa es la conexión con París, que a partir de verano no solo acortará el tiempo del viaje en más de una hora, sino que ampliará los servicios diarios. Actualmente, dichas frecuencias oscilan entre cuatro y seis trenes al día, algunas de ellas desde la estación de Irun. Pero a partir de verano, aumentarán, según fuentes consultadas, a entre 6 y 10 servicios de conexión diarios entre la frontera vasca con la capital francesa.

Tapia se centró ayer en estos tráficos y en las nuevas posibilidades operativas que permitirá no solo la llegada de la alta velocidad a Burdeos este verano, sino sobre todo la llegada de la alta velocidad a Donostia en 2019. E intentó convencer de sus bondades al vicepresidente de Nueva Aquitania, Renaud Lagrave, de quien logró un «compromiso» para colaborar más estrechamente en todos los frentes puestos sobre la mesa. El más inmediato es, como avanzó hace unos días este periódico, la remodelación de la estación del Topo en Hendaia y su integración, que no fusión, con la terminal de los trenes franceses, situada a pocos metros. No hay calendario previsto para esas obras, cuyo proyecto constructivo está casi rematado. Pero sí un interés de los responsables de ambos lados de la muga por mejorar el servicio de una terminal que recibe 700.000 viajeros al año, pero que con la llegada de la alta velocidad puede ver incrementado ese tráfico. En próximos días, técnicos de ETS y de la empresa ferroviaria francesa SNCF mantendrán un encuentro para contrastar el proyecto de Hendaia y «desbloquear los trámites administrativos» correspondientes para dar otro paso en una integración ferroviaria que Euskadi pretende llevar a cabo a nivel técnico, de estructuras, pero también a el nivel operativo, de gestión.

Sobre eso también conversaron Tapia y Lagrave, sobre las nuevas líneas de viajeros que se proyectan, de cercanías y de media distancia, una vez el ancho de vía en la CAV se adapte al europeo (el tercer hilo hasta Donostia concluye en 2019). Tapia habló de las futuras conexiones entre Baiona y Donostia o, cuando se culmine la Y vasca, entre Bilbao y Burdeos. Pero también trasladó el interés por analizar la demanda interna de viajeros en una eurorregión que acoge a 9 millones de ciudadanos. Y las futuras conexiones también con los últimos en sumarse a ella, los navarros.

Tras ese encuentro, más de intercambio de proyectos y de impresiones que de acuerdos concretos, Tapia visitó la estación de tren de Burdeos y las obras que están llevando a cabo para integrar la alta velocidad y adaptar el espacio ferroviario a los nuevos tráficos de viajeros y de mercancías que confluirán en ella a partir de julio.

La terminal de Burdeos no tiene nada que ver en tamaño con la que se proyecta en Donostia para dar la bienvenida al TAV en 2019 o 2020. Pero además de la distribución de vías o de la inmensa cubierta que acoge en Burdeos a los trenes de cercanías, alta velocidad o de mercancías, sí existe algún elemento común entre ambas terminales. Según constataron los responsables vascos, el «paso subterráneo» para acceder a los andenes es similar al donostiarra.

Varias semanas después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara y anulara parcialmente en Gipuzkoa la norma del impuesto de plusvalías que grava la venta de inmuebles, los ayuntamientos aguardan la llegada de una nueva directriz y de una serie de recomendaciones por parte de la Hacienda foral y del Gobierno español. Pero no lo hacen de brazos cruzados. Algunos de ellos, los más importantes del territorio, San Sebastián e Irun, ya han decidido suspender el cobro de este impuesto hasta que se reforme la norma y se implemente una fórmula con una seguridad jurídica total para que los cobros que se realicen se hagan de forma correcta.

Los asesores jurídicos preveían que durante las primeras semanas tras la resolución del TC llegarían decenas de reclamaciones a los consistorios por parte de contribuyentes que consideren que en los últimos años vendieron su vivienda con pérdidas y que aún así tuvieron que abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, casuística anulada en su auto por el Constitucional. Pues bien, como en todo, la lluvia no ha mojado de la misma forma a todos los municipios. En Donostia se han registrado en pocos días 116 reclamaciones tras la sentencia del TC (existían 50 recursos previos); en Irun también creció la cifra pero no de forma excesiva la solicitud de revisión de casos, y en otros ayuntamientos como Eibar, Errenteria, Zarautz, Hondarribia o Arrasate, la lluvia ha sido más bien fina y apenas han llegado afectados de momento. En Zumarraga, por ejemplo, tan solo han recibido la llamada de un contribuyente solicitando información.

Así como cada operación puede tener sus particulares características -desde 2013 se han ejecutado más de 15.000 traspasos de viviendas en el territorio y según la sociedad de tasación Tinsa 5.500 podrían haberse vendido a un valor inferior al de adquisición-, cada consistorio sufrirá un efecto distinto al resto por su exposición o no al tributo y su dependencia de esta fuente de ingresos, lo que puede variar el roto que pueda hacer a sus cuentas. Según las últimos datos del departamento de Hacienda y Finanzas en torno a la recaudación de este gravamen, en 2015 los ayuntamientos de Gipuzkoa ingresaron 25 millones de euros por este concepto. Esa cuantía refleja que la media en la que afecta a cada consistorio el impuesto gira alrededor del 2,5% del total. Pero como ha podido palpar DV, el peso es mayor en los consistorios más grandes -por el volumen de operaciones que se registra anualmente- que en los menores.

En Irun, por ejemplo, ese porcentaje con respecto a los fondos que forman el presupuesto municipal si que alcanza o ronda el 2,5% ya que el consistorio recauda algo menos de dos millones al año y el presupuesto para este ejercicio será de 70 millones. En el otro extremo se pueden encontrar localidades de tamaño medio como Zumarraga, donde los ingresos por este gravamen apenas alcanzan los 60.000 euros al año en un presupuesto que ronda los 12 millones de euros. Su dependencia, por tanto, es de apenas el 0,5%, lo que no significa, como subraya su alcalde Mikel Serrano, «que sean unos ingresos desdeñables porque cualquier partida es necesaria para llevar a cabo las inversiones previstas».

Mientras el grueso de los municipios del territorio espera que las Juntas Generales redacten y aprueben una nueva norma para, como solicita en su auto el TC, «no se someta a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana» y en Donostia e Irun se toman medidas excepcionales, técnicos de Eudel y de la Hacienda foral han comenzado a trabajar en grupo para tratar de contabilizar el efecto que puede tener en los consistorios la sentencia del TC y tomar una serie de medidas «que garanticen los intereses de ambas partes», tanto de contribuyentes como de los propios municipios.

La decisión de formar un grupo de trabajo para analizar con detenimiento la sentencia fue tomada en la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde además también se decidió modificar la normativa del IRPF para incluir la exención de tributación de los intereses que los contribuyentes perciban por las cláusulas suelo. Aunque no figuraba en el orden del día, desde Eudel se reclamó que se formara un grupo técnico para poder «delimitar» el perjuicio que puede crear este pronunciamiento del TC, «primero en Gipuzkoa pero que afectará también a Álava y Bizkaia».

25 millones de euros ingresaron los ayuntamientos de Gipuzkoa en 2015 por el cobro del impuesto municipal sobre las plusvalías.

2013 es el año desde el cual, en un principio, se podrían reclamar las cuantías abonadas indebidamente en casos de venta a pérdidas.

5.500 traspasos se habrían cerrado en pérdidas en Gipuzkoa desde 2013, según Tinsa. En Álava serían 2.400, en Bizkaia, 9.000 y en toda España 550.000.

Tanto el fisco foral como los ayuntamientos parten de una premisa principal, «proteger los derechos del contribuyente y no perjudicarle». En ese sentido, desde Donostia ya han anticipado que si se constata documentalmente que en las transmisiones se produjo minusvalía del valor patrimonial, «el Ayuntamiento devolverá el dinero a los ciudadanos».

Como admiten los asesores fiscales, cualquiera que tenga las escrituras de compra y de venta que reflejen esa operación en pérdidas podría acudir a su consistorio a reclamar que le devuelvan el impuesto de plusvalía abonado indebidamente, siempre y cuando esa operación no haya prescrito -el plazo es de cuatro años-. Aunque los propios expertos fiscales apuntaban que sería en los propios consistorios donde se registraría un aluvión de reclamaciones, de momento, y como ha podido comprobar este periódico, está siendo en las propias asesorias donde se está produciendo ese embudo de casos y se está tratando en ellas de realizar el primer filtro de expedientes antes de llegar a las entidades locales.

Para tratar de simplificar aun más esta cuestión, en Irun están ultimando una serie de impresos que los contribuyentes afectados puedan rellenar y aporten junto a ellos la documentación pertinente para analizar su caso y en Donostia una unidad específica está atendiendo los recursos y apuntan que, de media, cada reclamación asciende aproximadamente a 3.000 euros.

El paseo peatonal y carril bici entre el entorno de Plaiaundi y el puente Avenida ha empezado a dar sus primeros pasos. El pasado mes de diciembre, el Gobierno Vasco sacó a licitación el proyecto, que este mes de marzo ha sido adjudicada su redacción. Tal como recoge el Boletín Oficial del País Vasco, se trata, concretamente, de un proyecto «de itinerarios peatonales y para bicicletas por la calle Pierre Loti y bajo los puentes peatonales», con un presupuesto de 70.180 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La delegada de Movilidad, Cristina Laborda, confirmaba ayer que «desde el Gobierno Vasco se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Irun, una vez que han adjudicado los trabajos para la redacción del proyecto. Es una muy buena noticia ver que este proyecto sigue dando pasos para convertirse pronto en una realidad».

Laborda recordaba que esta actuación «forma parte de un importante bloque de novedades en el futuro de la movilidad ciclista en la ciudad, que entrarán en marcha este año y que plantean mejoras en la conexión en bicicleta entre las tres localidades del Bidasoa, como la pasarela de Behobia, el bidegorri de la avenida Letxumborro o el proyecto que plantea la Diputación a la altura de la rotonda del Hospital».

También el delegado de Desarrollo Sostenible, Miguel Ángel Páez, expresaba ayer su satisfacción por que «el paso por el paseo Pierre Loti, entre el parque y las vías del tren, era una de las opciones que venía estudiando la mesa interinstitucional sobre Plaiaundi, en la que se encuentran representadas las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Irun, y vinculadas al Plan Especial de protección del Txingudi. Estamos ante un proyecto necesario, también desde el punto de vista de desarrollo sostenible, que permitirá recuperar para la ciudad un paso por el que peatones y ciclistas podremos disfrutar de una de nuestras joyas medioambientales».

Por su parte, el portavoz de EAJ-PNV y delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, expresaba igualmente su «alegría» por los pasos dados hacia la conexión entre el puente Avenida y Plaiaundi. Iridoy recordaba que en el año 2013, trasladó al Gobierno Vasco «una propuesta de camino peatonal y circulable por bicicletas, que unía los distintos tramos existentes entre Irun, Hondarribia y Hendaia», un viejo reto «muy querido por la ciudadanía irundarra, que durante años ha estado estancado».

El delegado de Urbanismo añadía que tras las reuniones que mantuvo en su día «tanto con el Gobierno Vasco, como con los alcaldes de las tres ciudades», se pudo abrir un camino de coordinación y conversación entre instituciones. «En este momento, ya existe un anteproyecto para la primera fase que unirá los puentes internacionales con el Instituto Plaiaundi a través de Pierre Loti», señalaba Iridoy.

El portavoz de EAJ-PNV y su grupo político celebran «que el trabajo que realizamos desde la oposición, se haya visto reflejado con la adjudicación de la redacción del proyecto. Esperamos que la propuesta que en su día impulsamos, siga evolucionando adecuadamente para que así los y las irundarras tengamos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza que nos rodea a orillas del Bidasoa, bordeando el parque ecológico de Plaiaundi».

Xabier Iridoy destacaba, por último, que el medioambiente es un tema trascendental y que el uso de la bicicleta «va más allá de la conexión entre ciudades. Con este proyecto, podremos conectar barrios como El Pinar, Anzaran, San Miguel, Santiago, Dunboa y Palmera».