Responsables de Urbanismo y representantes de la asamblea del gaztetxe Lakaxita mantuvieron hace unos días una reunión para tratar sobre la situación de éste último. El Plan Especial de San Miguel Anaka, aprobado ya inicialmente, lo deja fuera de ordenación y el Ayuntamiento, a través de Irunvi, lo adquirió a sus dueños el pasado mes de diciembre.

Ante el temor de que esto suponga el final de la trayectoria de actividades sociales, culturales y de todo tipo que han organizado a lo largo de los 11 últimos años, miembros de Lakaxita acudieron al pleno del mes de febrero. De allí surgió el contacto que derivó en una reunión de la que los representantes del colectivo social destacaron «el reconocimiento explícito a la trayectoria y legitimidad del trabajo de todas las personas y colectivos sociales que damos vida a Lakaxita» por parte del Ayuntamiento. Pero, sobre todo, que «la información recibida nos da tranquilidad, ya que no hay intención de derribar Lakaxita a corto plazo. Tomamos la decisión de mantener y de seguir impulsando el proyecto de Lakaxita y las actividades e iniciativas que alberga». Valoraron que los responsables de Urbanismo «reconozcan la singularidad de Lakaxita y, además, vayan a trabajar para que siga existiendo». Por esa razón, desde la asamblea del gaztetxe anunciaban que mantendrán la relación con el consistorio «para buscar la mejor manera de asegurar la supervivencia de Lakaxita» con sus valores de «autonomía, pensamiento crítico y activismo social».

También el delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, se refirió al encuentro con los representantes del espacio autogestionado de la calle Anaka y lo primero que hizo fue confirmar que, mientras el resto de inmuebles de San Miguel-Anaka que quedan fuera de ordenación, se ven afectados por viales o viviendas futuras, «no es el caso de la villa conocida como 'La Casita'», en la que se aloja el gaztetxe. Precisamente por eso, no urge su derribo y el delegado señaló que «las actividades que allí se realizan organizadas por un grupo de jóvenes podrán mantenerse en el futuro próximo».

En lo que sí quiso ser claro Iridoy fue en que, toda vez que la parcela y la edificación son propiedad de una entidad pública municipal como Irunvi «las actividades que se vayan a realizar allí tienen que contar con todas las garantías de seguridad. Por lo que sabemos, la estructura y las instalaciones se encuentran en buenas condiciones, pero es necesario que un técnico municipal verifique que se cumplan todas las exigencias en cuanto a seguridad». Dado que se trata de un recinto público, «estamos a la espera de que nos hagan algún plantemiento» para su uso. «En el largo plazo, quizá dentro de 8 o 10 años, tendremos que buscar otra opción para esas actividades, que puede ser incluso un lugar más adecuado», avanzó.