De esa manera, y casi sin que nos diéramos cuenta, ha desaparecido la demanda de VPO. Pero, obviamente, no se ha ido con ella la necesidad de vivienda de muchas familias ni de tantos jóvenes que quieren independizarse y empezar a construir su hogar propio. Si bien el precio de mercado de las casas se ha reducido, no lo ha hecho tanto como para que aquel al que el banco no le quiere financiar una VPO le vaya a dar crédito para una vivienda libre. Así que Irunvi tiene registrados ahora 1.701 demandantes de vivienda pública de alquiler. La práctica totalidad empadronada en Irun desde hace más de cinco años (o en diez de los últimos veinte) y tan sólo 46 que, o bien llevan en la ciudad menos de cinco años (37) o no han llegado a empadronarse en ella (9). En los registros que maneja Etxebide (el servicio de vivienda del Gobierno Vasco), aparecen también 1.200 irundarras que quieren una vivienda pública en régimen de alquiler. Aunque podría no coincidir ninguno de ellos con los de Irunvi, lo lógico es pensar que se repiten todos o casi todos, porque en este contexto la máxima más repetida es «apúntate a todo».

Es eso lo que recomiendan en la OIJ de Irun cuando algún joven de la ciudad se acerca preguntando por ayudas para el alquiler. «Vienen pensando en la Renta Básica de Emancipación», aquella subvención para jóvenes que el Gobierno central puso en marcha durante la presidencia de Zapatero, «pero ya no existe. Ellos conocen a gente que aún la cobra porque se la concedieron y era para un máximo de cuatro años. Pero ya no se concede». El Ministerio de Fomento del Gobierno actual ha puesto en marcha «un programa de ayudas al alquiler de viviendas que parece que va en esa línea», pero al menos de momento, participan «'todas las Comunidades Autónomas salvo País Vasco y Navarra en razón de su régimen foral', según dicen en Fomento. Estamos muy al tanto por si esto cambia de un día para otro».

En la OIJ reconocen que «vienen muchos jóvenes, podríamos decir que una media de uno al día entre presencial, email y WhatsApp», preguntando por las ayudas. «No pueden afrontar un alquiler de libre mercado, ni aunque estén trabajando. Y no son niños. La mayoría de los que vienen están entre 25 y 30 años». Las soluciones son dos: permanecer en casa de sus padres «o alquilar una habitación en un piso compartido», que se suele descartar si se trata de una pareja.

Puede parecer extraño que incluso siendo dos pueda haber dificultades para afrontar un alquiler. La realidad es esa, al menos en Irun. Hay que rebuscar para encontrar apenas una decena de pisos en inmobiliarias y páginas web por debajo de 600 euros al mes. La mayoría se ubican entre esa cantidad y los 700. Recurriendo al criterio que el Gobierno Vasco aplica tanto para los alquileres sociales como para los protegidos (una renta equivalente al 30% de los ingresos) entendiendo que es la proporción digna, supondría que para que la vida no se te vaya en pagar la casa, esas parejas veinteañeras deberían sumar con sus sueldos entre 1.800 y 2.100 euros. No es, precisamente, lo más habitual, a veces ni trabajando los dos.

En este contexto, la demanda de alquileres públicos se ha disparado y la realidad es que Alokabide dispone en Irun de apenas un centenar de viviendas de estas características: 75 viviendas privadas cuyos propietarios han puesto a disposición de los programas de la agencia del Gobierno Vasco y 33 de alquiler que la consejería vasca de Vivienda, dirigida entonces por Javier Madrazo, promocionó y sorteó en la calle Zurbaran. El Gobierno Vasco ha licitado la obra de 16 viviendas de alquiler social en Oinaurre, donde debe construir 64 más, y tiene pendientes 41 pisos de alquiler para jóvenes en la parcela de Alberto Larzabal cedida por el Ayuntamiento en 2009.