El grupo municipal de EAJ-PNV presentó a la mesa de Movilidad, que se reunió ayer en Ficoba, una propuesta para conectar la plaza de Urdanibia y el nuevo eje peatonal de Gain Gainean, a través de la calle Larretxipi. Por la mañana, en rueda de prensa, el portavoz jeltzale explicó los detalles de la propuesta realizada por su grupo. «En los próximos meses, comenzarán las obras de dos importantes proyectos de la ciudad: la reurbanización de la plaza Urdanibia y la segunda fase de Gain Gainean», dijo. «Aunque los dos proyectos se han tratado de forma separada, indudablemente ambos pueden y deben ser relacionados. Lo que proponemos es que la plaza Urdanibia y el nuevo eje peatonal de Gain Gainean se conecten a través de la calle Larretxipi».

Con esta propuesta, EAJ-PNV trata de «ir más allá» de lo que va a suponer para la ciudad un proyecto estratégico, como es el de Gain Gainean, «que va a costar 1.300.000 euros y que conectará la plaza de San Juan con los barrios de Larreaundi y Elitxu. Nosotros queremos enriquecerlo y sacarle el máximo partido».

Gain Gainean va a suponer una mejora en la movilidad y en la accesibilidad, acortando distancias y evitando pendientes. «Nuestra propuesta es sumarle a todo esto la calle Larretxipi, una calle olvidada en el mapa peatonal de Irun», añadió Iridoy. Se puede conectar, por ejemplo, con un ascensor, la trasera del Ayuntamiento con lo que será larenovada plaza de Urdanibia, a través de la calle Larretxipi».

El grupo municipal del PNV incluye en su propuesta una prolongación del itinerario ciclista. «Podemos aprovechar el carril bici de Gain Gainean y la poca pendiente que tiene la calle Larretxipi para incluir esta vía en el itinerario ciclista», prosiguió el portavoz jeltzale.

En opinión de Iridoy, esta actuación daría un valor añadido a los proyectos de la plaza Urdanibia y de Gain Gainean, ya que mejoraría la conexión entre los barrios de Larreaundi y Elitxu, la plaza San Juan y la Parte Vieja. Por otra parte, la calle Larretxipi «se convertiría en una calle transitada por peatones y ciclistas y tendría el efecto de revitalizar la Parte Vieja, desde un punto de vista social y económico. Con este planteamiento se reforzaría, además la llegada del programa K-Biziak», concluyó Iridoy.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia estimando el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Irun contra la Orden del Ministerio de Trabajo por la que se denegó el pago del coste de derribo de la antigua Casa Sindical (en la calle Larzabal, 1, junto al Instituto Bidasoa) y en la que se declara la obligación de la Administración del Estado de abonar al consistorio, 52.912,60 euros, más los intereses legales devengados desde el 25 de junio de 2005. Intereses que ascienden a más de 17.500 euros.

Aquel año, el Ayuntamiento de Irun acometió las obras de derribo del edificio número 1 de la calle Alberto Larzabal, conocido como Casa Sindical, entendiendo que el mal estado del edifico no era compatible con la garantía de seguridad peatonal y vial de la zona, y más teniendo en cuenta su cercanía a dos centros escolares. El Ayuntamiento había iniciado un año antes el expediente de declaración de ruina del edificio y trasladó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales tal decisión, ordenando al Ministerio su demolición y abriendo la posibilidad de ejecutar lo ordenado desde el Ayuntamiento por vía subsidiaria y a costa del Ministerio. La subdirección de Obras y Patrimonio del Ministerio comunicó que no les era técnicamente posible ejecutar el derribo y que veían más operativo «que la demolición del inmueble se realice por ese Excmo. Ayuntamiento, asumiendo este departamento cualquier coste económico que se derive». El Ayuntamiento adjudicó los trabajos en enero de 2005 por casi 53.000 euros. Previo envío de la documentación solicitada, el Ayuntamiento reclamó en varias ocasiones el pago de esta cantidad al Ministerio.

En octubre de 2006, el Estado comunicó, amparándose en una solicitud de reversión al municipio que el consistorio asegura le fue denegada, que el Ayuntamiento debía ser considerado propietario y correr con los gastos del derribo. Las diferencias entre ambas instituciones llegaron a los Tribunales por el pago del derribo y por la titularidad del edificio, con varias sentencias y posteriores recursos. El Tribunal entiende ahora que la titularidad del edificio pasó al Ayuntamiento con la declaración de ruina del inmueble pero no hasta entonces. Por eso, y asumida además la deuda por el Ministerio de Trabajo de forma expresa en su día, éste debe hacerse cargo del derribo.