Al hablar de la construcción de este edificio, Páez no obvió que el aparcamiento provisional que había en esta parcela se sustituido por otro, igualmente temporal, en la glorieta de Wollmer. «Cuando se pueda usar el parking ligado al nuevo edificio, el de Wollmer se sustituirá por zona verde con una pequeña instalación deportiva de barrio», adelantó.

Quiso recordar que «Palmera-Montero tiene, con dos plazas de garaje por vivienda, el mayor ratio de Irun. Pero el aparcamiento en superficie es insaciable. Llena todo lo que hagas. Por eso, creemos que se trata de gestionar bien lo que hay. Pensamos implantar OTA en este barrio y en los cercanos. Lo explicaremos en una reunión pública. Es la única manera de que desaparezcan coches ajenos al barrio que pasan allí largas temporadas».

Previsto desde 1995, el Centro Cívico de Palmera-Montero está cerca de ver cómo arrancan sus obras de construcción. Porque aunque su parcela ya se encuentra vallada y parecen haber empezado los trabajos, se trata de los sondeos para analizar la calidad del suelo, trámite que el Gobierno Vasco exige realizar en esta zona por su pasado minero de hace dos siglos. Con los resultados en la mano, «hacia el verano», calculan en el Ayuntamiento que arrancará verdaderamente la obra, para la que se prevé una duración de entorno a dos años.

El proyecto se ha ido modificando y difiere de lo que planteó en un principio. No se ha transformado la base (equipamientos públicos, zona comercial y aparcamiento subterráneo), pero sí que han resultado ser cambios importantes.

Los más evidentes en el uso, ya que se ha descartado que en el espacio para usos públicos se instalen el Euskaltegi y otras ofertas públicas de servicios como la academia de Dibujo y Pintura o de otras artes. «Siguen siendo, tal como estaba previsto», señalaba el delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Páez, «3.700 metros cuadrados de equipamientos públicos, pero cambia el uso». Una parte, 1.900 m2, se repartirán entre las oficinas municipales de Obras y Urbanismo y la central de Bidasoa activa, servicios todos ellos que están actualmente en Kostorbe. «El criterio ha sido el de abandonar ese edificio por su nula accesibilidad para los ciudadanos y porque le cuesta al Ayuntamiento 113.736 euros anuales de alquiler». Así que el Euskaltegi seguirá donde está, en el palacio Sancho de Urdanibia, que es también un inmueble de propiedad municipal.

1.000 m2 de uso público serán para espacios comunes, salas de conferencias, de reuniones, multiusos... y los 800 m2 restantes para habilitarlos en forma de sedes reducidas para asociaciones de la ciudad. Por la propiedad de esta parte del edificio es por lo que el Ayuntamiento abona 3 millones a la empresa adjudicataria de su construcción, Murias. Para financiar la construcción del resto (1.600 m2 de espacios comerciales a pie de calle; 1.745 m2 de sótano destinado a supermercado, casi 200 plazas de aparcamiento entre residentes y rotación con entrada y salida por la calle Ricardo Alberdi), la empresa disfrutará de su gestión y explotación los próximos 25 años. «Y para el supermercado ya parece tener un acuerdo con el grupo Uvesco que hará una inversión de dos millones y contratará a 25 personas», avanzó ayer Páez. Además, señaló que con las modificaciones incorporadas «llegamos hasta 5.240 m2 de espacios verdes y hasta 1.570 de zonas verdes. Los árboles talados para la construcción se sustituirán aumentando su número», quiso confirmar.

El delegado fue extremadamente concreto a la hora de explicar los problemas que surgen al trabajar en una zona que, cómo ésta, tiene gran cantidad de agua bajo el suelo. Conocidos los efectos de la construcción de las viviendas de este mismo ámbito, Murias había propuesto un sistema de construcción más seguro basado en micropilotaje. Finalmente, se ha acordado con la constructora una opción «más segura aún», decía Páez, que es la de utilizar muros pantalla al estilo de lo que se hizo en San Juan.

El edil no obvió la situación concreta de tres inmuebles del final de la calle Uranzu, «más que centenarios y sin cimentación», con cuyos propietarios «hemos estado en contacto». Si bien su situación es sin duda la más delicada en cuanto los efectos derivados de la obra, Páez insistió en la confianza en que el sistema que se usará «es seguro. Además, habrá dos empresas independientes controlando tanto el proceso constructivo como los efectos que pueda tener fuera».