La Junta Local de Gobierno ha aprobado la contratación de obras de reparación en la zona de Palmera Montero. Los trabajos estarán destinados a la reparación de algunos tramos de acera y varias arquetas, y tendrán un presupuesto máximo de 168.581,59 euros. El alcalde, José Antonio Santano, concretó que estas «importantes reparaciones» se llevarán a cabo «con dinero de los promotores».

El primer edil explicó que en el espacio de Palmera Montero, «desde que se construyó, ha habido algunos problemas, fundamentalmente debidos al asentamiento del terreno. En ese sentido, Irun es una ciudad complicada», señaló José Antonio Santano. Efectivamente, si uno camina por, por ejemplo, la rotonda Juan Vollmer, se percibe que el tramo de acera colindante a los edificios y el más cercano a la carretera no están a la misma altura. El problema no es nuevo, pero «ahora tenemos una herramienta legal, que creo que es muy importante, para que esos problemas se puedan subsanar», explicó el alcalde.

«Hemos llegado a un acuerdo con los promotores, y ellos han aportado 168.000 euros que vamos a ejecutar nosotros, a través de una obra», señaló el primer edil. Los trabajos, que ya han salido a concurso, «nos permitirán reparar esos puntos en los que se ha producido un hundimiento del terreno». Este hundimiento se debe a «las características de nuestro suelo. Hay algunos puntos de Palmera Montero donde las aceras presentan desviaciones respecto a las fachadas, y eso ha generado algún problema en los saneamientos», comentó Santano.

Estos contratiempos van a poder ser subsanados «con dinero aportado por los promotores», subrayó el alcalde, «y ejecutado por el Ayuntamiento. Creo que es una buena noticia, y una técnica que, ojalá, el Ayuntamiento hubiera tenido en otras épocas, porque quizá en algunos de otros sitios también se hubieran podido llevar a cabo actuaciones de otro tipo».

El alcalde afirmó tener conocimiento de que Palmera Montero «no es la única zona que tiene estos problemas». Por ejemplo, en el cercano barrio de Dunboa, se observa también esta misma situación de desnivel en las aceras respecto a los edificios.

Esta circunstancia se debe a «los niveles hídricos del suelo, que es del mismo tipo en Palmera Montero y en Dunboa. El terreno bajo las aceras, con el peso, pierde agua y se asienta más abajo», explica Cristina Laborda, delegada de Obras. No sucede lo mismo en las aceras que en las viviendas debido a que éstas últimas «tienen pilares, y se mantienen a la misma altura».

Según concretó la delegada, después de que la adjudicación de los trabajos haya salido a concurso, se prevé que los trabajos comiencen «hacia finales de septiembre o principios de octubre. Después de verano, en cualquier caso».

Las plazas de aparcamiento del parking subterráneo de El Pinar podrán ser vendidas a los particulares en condición de propiedad a partir de ahora. Así lo autorizó el Pleno cuando aprobó en su última sesión una modificación el Plan Especial del ámbito y la cesión del suelo en favor de Irunvi, que será quien proceda a realizar las ventas.

Un informe remitido desde la propia sociedad pública irundarra planteaba esta posibilidad para hacer más atractiva la oferta hacia los vecinos del barrio, confiando en que la medida pueda servir, por un lado, para recuperar mayor cuantía de la inversión realizada y, por otro, acercarse a cumplir el objetivo inicial de la operación, que era paliar el déficit de aparcamiento en la zona.

Sólo PSE y PP secundaron la propuesta y el resto de los grupos se posicionó en contra. Durante el Pleno, Manuel Millán (EB), advirtió que «supone abrir la puerta a la especulación», además de que conlleva «la imposibilidad de uso futuro de ese suelo por parte de la administración pública para resolver futuras necesidades». Con argumento similares, Oinatz Mitxelena (Bildu), habló de la «privatización del suelo público» y recordó que «existen otras formas de gestión, pero parece que hay miedo a la gestión pública directa y caemos en el típico tópico de la privatización». Para Xabier Iridoy (PNV) la medida puede suponer «problemas a largo plazo cuando coexistan propietarios privados y propiedad pública. No es un buen legado para las futuras corporaciones y los próximos gobiernos municipales», señaló. Recordó que en el seno de Irunvi, «además de ésta se barajaron otras posibilidades» como «el derecho de superficie a 25 ó 50 años, en lugar de sólo a 75 como se ha hecho hasta ahora».

En el otro lado, Juana de Bengoechea (PP) defendió que «es una solución razonable en un momento de dificultad económica y no prevemos problemas porque ya ocurre en muchos edificios que haya propietarios privados y propiedades públicas del Ayuntamiento». Miguel Ángel Páez, delegado de Desarrollo Económico y Vivienda y portavoz del PSE, puso como ejemplo la comercialización de los garajes de Istillaga-Dunboa bajo esta fórmula para comentar que «parece que puede tener más éxito que la del derecho de superficie a 75 años. Si el objetivo es generar ingresos para aliviar la inversión realizada, esta vía puede ayudar». Apuntó, en respuesta a las intervenciones anteriores, que «creo que estamos ya al margen de la especulación inmobiliaria para unos cuantos años».

Tras el Pleno, se sucedieron los análisis por parte de distintos grupos. Iridoy quiso recordar las cifras en las que se encuentra el proyecto de El Pinar. Se ejecutaron «273 plazas abiertas de aparcamiento, se adjudicaron 35 por lo que quedan aún 238 sin sacar. La inversión realizada está pagada, pero con déficit de 2,5 millones de euros que es lo que hay que tratar de reducir». Iridoy insistió en que no está «en contra de la venta, pero antes habrían de intentarse otras fórmulas como las adjudicaciones a 25 ó 50 años». Y la misma petición de intentar «otras medidas, de buscar otro modelo de gestión antes de caer en el recurso de la venta en propiedad», pidió Mitxelena.

También Páez se refirió a este dictamen tras la sesión y quiso aclarar que «en ningún momento se ha descartado utilizar otras fórmulas complementarias».